El 4 de mayo de 1814 Fernando VII promulgó el decreto que anulaba la Constitución de 1812 y la obra de las Cortes de Cádiz.
Prácticamente desde ese mismo día comenzaron las conspiraciones para restaurarla, que no
fueron efectivas hasta principios de 1820 con el pronunciamiento de Rafael del Riego en Las Cabezas de San Juan. Por regla general, los levantamientos los encabezaron militares que habían participado en la guerra de la Independencia, identificados con la corriente de cambio político surgido durante la contienda. Por eso, cuando el rey abolió la obra de las Cortes de Cádiz, se creyeron legitimados para conspirar y luchar por la libertad y la soberanía de la nación. Pero, para que la insurrección triunfase y se implantara un régimen constitucional, fue imprescindible la colaboración
y el protagonismo del elemento civil, al que se alude en las proclamas y
manifiestos. Efectivamente, sin ese compromiso ciudadano, la acción
militar no habría producido la transformación política y social, la revolución,
a la que aspiraban los conspiradores por la libertad.
