Muchos de los fantasmas que en la actualidad acechan a la democracia se sustentan en una falsa premisa, la que sostiene que si el pueblo gobierna es que todo lo puede, pues si todas las leyes emanan de la voluntad popular, ésta no puede someterse a ley alguna. El problema es que «pueblo» y «voluntad popular» son abstracciones que solo pueden concretarse y volverse inteligibles mediante reglas. Pueblo no es sinónimo de muchedumbre y su voz es lo contrario del ruido de voces superpuestas; por eso el sujeto soberano es una creación jurídica que expresa su voluntad mediante un discurso que no es la voz de nadie en particular, sino la transposición mediante reglas de todas las voces. Claro que las reglas que definen qué es el pueblo no pueden precederlo a riesgo de negarlo, pues la soberanía rechaza imposiciones extrínsecas. De ahí que el pueblo como sujeto de derecho se despliegue en democracia mediante una autoafirmación que comporta implícitamente sus propios presupuestos y reglas como sujeto colectivo soberano. A tales reglas las denominamos derechos, cuyo entramado se deduce a partir de dos presupuestos que
