La progresiva sofisticación de las nuevas formas de delincuencia económica y el perfeccionamiento alcanzado en los sistemas de ocultación de las conductas delictivas tradicionales determinan la necesidad de acudir a un creciente número de fuentes de información, las cuales se encuentran de ordinario dispersas y necesitan ser agrupadas y analizadas para poder descubrir este tipo de criminalidad. Ello ha propiciado que en los últimos tiempos se haya desarrollado una intensa actividad normativa que busca conseguir una mayor eficacia en la persecución de estos delitos mediante la imposición de obligaciones de información y cooperación y el incremento y la mejora de la comunicación entre las instituciones implicadas directa o indirectamente en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la delincuencia económica en general.
El presente estudio tiene como propósito el análisis de los deberes de colaboración con los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal impuestos a diferentes instituciones, administraciones, entes públicos y profesiones jurídicas que, por su función, tienen conocimiento de hechos y datos relevantes para la investigación de la criminalidad económica, examinando tanto los procedimientos establecidos como los principales problemas que suscita el cumplimiento de tales deberes. El trabajo tiene una finalidad eminentemente práctica, fruto de más de quince años de trabajo del autor en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, si bien no por eso deja de apoyarse en el exhaustivo análisis de una normativa abundante y compleja y en la doctrina y jurisprudencia más significativas sobre la materia.
