España está estancada desde principios de la década de los noventa. Es cierto que hay unas pocas empresas españolas punteras y también algunos emprendedores exitosos, pero el conjunto de la economía diverge de la de los países europeos más avanzados. El estancamiento se debe a que desde finales de los ochenta el marco institucional no ha mejorado. Lo ha hecho en algunos aspectos, pero al tiempo ha sufrido un notable deterioro en otros. Nos encontramos continuamente con disfunciones que entorpecen la eficiencia y el emprendimiento. Normas confusas y cambiantes, incumplimientos de leyes por parte de la Administración, ineficacia de la justicia, violación de leyes por ciudadanos y empresas... Un cóctel de atentados a la seguridad jurídica que puede resultar paralizante. La escasa calidad de muchas regulaciones, que con frecuencia favorecen a unos pocos, los sesgos que tienen las administraciones públicas en sus decisiones y las pesadas cargas que éstas imponen a pequeños empresarios y autónomos redundan en lo mismo. Y también lo hacen algunas actitudes que se han enquistado en la ciudadanía. Hay fallos en la educación, pero la baja eficiencia española se debe sobre todo a las restricciones que impone el marco institucional, consecuencia de cómo se ejerce el poder: ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes. La intensidad de este Estado clientelar condiciona muchas decisiones de las administraciones públicas, incluidas buena parte de las violaciones de leyes que éstas cometen. Un Estado clientelar genera una sociedad alejada de la meritocracia, lo que contribuye a que se desarrollen valores adversos a la eficiencia. Reformar esto es posible, aunque el camino esté lleno de dificultades.
