Dentro de los cuantiosos gastos que motiva el proceso penal, las costas procesales constituyen la parte susceptible de ser reintegrada a quien los ha soportado indebidamente. La resolución procesal que contiene el pronunciamiento en costas (Sentencia, Auto o Decreto, según los casos) es un título ejecutivo ilíquido, que precisa un ulterior procedimiento de liquidación para fijar definitivamente su cuantía y posibilitar su ejecución. Los trámites necesarios para practicar la tasación de costas, se recogen tanto en la LECrim como en la LEC, por remisión normativa. En la presente obra se hace especial hincapié en las particularidades de la reclamación de honorarios en el proceso penal, partiendo de la confusa regulación de las costas en este ámbito y sin olvidar que, tanto la doctrina procesalista actual como la jurisprudencia, coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados.
