ÍNDICE SISTEMÁTICO
LA CONDICIÓN DE IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL.
FORMAS DE ADQUISICIÓN Y STATUS JURÍDICO QUE CONLLEVA.
IDEAS PARA SU REFORMA,
por Verónica López Yagües
I. PRELIMINAR II. LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO. FORMA
Y EFECTOS
1. La imputación penal. Naturaleza y clases. Su finalidad
2. Formas de manifestación de la imputación delictiva en la
vigente LECrim. y en un hipotético nuevo texto procesal
penal
2.1. La indicación, como responsable del delito, en la
denuncia y querella con las que, de ordinario, se
inicia el proceso
2.2. La comunicación de la existencia del proceso versus
desarrollo de una investigación preliminar (secreta).
Una discutida propuesta de reforma
2.3. La sujeción de la persona a una medida cautelar
2.4. Con ocasión de la «citación para ser oído» (art. 486
LECrim., vigente) o en «supuestos en los que (el sujeto)
haya de ser interrogado»
2.5. A partir del «procesamiento» u otra forma de imputación
judicial definitiva, en el marco de la vigente
LECrim. o, en la hipótesis de un nuevo texto procesal,
la emisión en contra de un «decreto de imputación
» por parte del fiscal
Índice sistemático
2.6. Con ocasión de la práctica de una prueba anticipada
o preconstituida
2.7. Su deducción de actuaciones de las que se derive
una sospecha delictiva verosímil
2.8. A raíz de la presentación espontánea ante el fiscal,
de quien se sabe investigado
2.9. Por razón de la reclamación que del sujeto realice
un Tribunal internacional o extranjero
III. EL STATUS JURÍDICO DEL IMPUTADO EN EL PROCESO
PENAL ESPAÑOL. PRESENTE Y POSIBLE FUTURO
1. Imputación penal y derecho de defensa
2. Los derechos del imputado. La configuración, a su favor,
de un estatuto jurídico básico
2.1. El derecho a ser informado de la existencia y contenido
de la imputación
2.2. Derecho a ser informado de los derechos que le
asisten por la policía o el Ministerio Fiscal, desde su
primera comparecencia o notificación
2.3. Derecho a designar abogado de confianza o de oficio
2.4. El derecho a la presencia del defensor durante el
curso del interrogatorio o de actuaciones orales
2.5. Derecho a intervenir en el desarrollo de la investigación
y a instar la práctica de diligencias de investigación
y/o de actos de preconstitución o anticipación
probatoria
3. El régimen de derechos que corresponde al imputado detenido
o sometido a una medida cautelar privativa de libertad
3.1. El derecho a conocer las razones motivadoras de su
privación de libertad
3.2. El derecho a dar a conocer, a la persona que desee,
el hecho de la detención y el lugar en el que se halla
custodiado
3.3. El derecho a no permanecer detenido más allá de
24 horas y a que su privación de libertad pueda ser
revisada por una autoridad judicial
Índice sistemático
3.4. El derecho a ser reconocido por un facultativo médico
4. Derechos del imputado en relación con el interrogatorio
4.1. Derecho a conocer la existencia y contenido de la
imputación, y los elementos o fuentes de prueba sobre
los que se apoya
4.2. El derecho a prestar declaración y a no colaborar en
su propia punición, como manifestación del ejercicio
de su propia defensa
4.2.1. El derecho a prestar declaración o a ser escuchado
4.2.2. El derecho a entrevistarse reservadamente
con su defensor antes de dar inicio al interrogatorio
y a contar con su presencia durante
el desarrollo de la diligencia
4.2.2.A) El derecho a la entrevista reservada
4.2.2.B) El derecho a contar con la presencia
del defensor en todo interrogatorio
al que venga sujeto
4.3. El derecho a recibir asistencia de intérprete
4.4. El derecho a guardar silencio y a no confesar contra
sí mismo ni su participación en los hechos
4.4.1. El derecho a guardar silencio
4.4.2. Derecho a no declarar contra sí mismo ni a
confesar su participación en los hechos
4.4.3. El derecho a la no colaborar activamente
en el desarrollo de las actuaciones
4.4.4. El derecho a la última palabra
5. Garantías arbitradas a favor del imputado en el interrogatorio
al que viene sujeto. Breve referencia
IV. BIBLIOGRAFÍA
Índice sistemático
LA ACCIÓN POPULAR,
por Virtudes Ochoa Monzó
I. EL CUESTIONADO MANTENIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR
II. EL MONOPOLIO DE LA ACCIÓN PENAL
III. ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN POPULAR. BREVE
REFERENCIA
IV. ACUSACIÓN POPULAR Y ACUSACIÓN PARTICULAR
V. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL ACTOR POPULAR EN LA ACTUALIDAD.
LÍNEAS GENERALES
VI. PRESENTE Y FUTURO DE LA ACCIÓN POPULAR. LAS FUTURAS
LÍNEAS DE REFORMA DE LA ACCIÓN POPULAR
1. La realidad actual
2. Las futuras líneas de reforma de la acción popular. Reflexiones
y propuestas de lege ferenda
VII. REFLEXIÓN FINAL
VIII. BIBLIOGRAFÍA
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL
EN EL PROCESO PENAL,
por Belén Rizo Gómez
I. MARCO GENERAL DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN
EL PROCESO PENAL
II. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO COMO PRINCIPIO QUE INFORMA
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
III. ÁMBITO SUBJETIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN
EL PROCESO PENAL
1. Órgano jurisdiccional
2. Legitimación para ejercer la acción civil en el proceso penal....................................................................................
2.1. Legitimación activa
2.2. Legitimación pasiva
IV. EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN CIVIL
1. Restitución de la cosa
2. Reparación del daño
Índice sistemático
3. Indemnización de los perjuicios
4. Otras pretensiones
V. INTERVENCIÓN DEL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL
VI. BIBLIOGRAFÍA
SOBRE EL FISCAL INSTRUCTOR Y LA IGUALDAD
DE LAS PARTES EN EL PROCESO,
por Olga Fuentes Soriano
I. INTRODUCCIÓN
II. LA CONVENIENCIA DE OTORGAR AL MINISTERIO FISCAL
LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
III. EL REDISEÑO DE ALGUNAS FASES PROCESALES
1. La fase instructora: investigación preliminar e investigación
previa
2. La fase intermedia
IV. LA IGUALDAD DE PARTES EN EL PROCESO PENAL
1. El derecho de defensa
2. El derecho a la asistencia letrada
V. BIBLIOGRAFÍA
LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO:
SU NECESARIA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ACTUAL,
por Carmen Durán Silva
I. INTRODUCCIÓN
II. AUTORIDAD COMPETENTE Y REQUISITOS NECESARIOS
PARA ADOPTAR LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO
EN LUGAR CERRADO
III. LOS DISTINTOS FINES PERSEGUIDOS CON LA DILIGENCIA
DE ENTRADA Y REGISTRO
IV. LA AUSENCIA DE UN CATÁLOGO DE DELITOS EN LA LECRIM
V. LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR ENTRE EL DOMICILIO
PROTEGIDO POR EL DERECHO FUNDAMENTAL Y AQUELLOS
DOMICILIOS PROTEGIDOS POR OTRA CLASE DE DERECHOS
VI. LOS SUPUESTOS LIMITADORES DEL DERECHO FUNDAMENTAL
A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
1. Consentimiento del «morador»
2. Entrada y registro realizado por la policía judicial
2.1. La importancia una regulación diferenciada
2.2. El contenido del atestado
2.3. La necesidad de sustitución del concepto flagrante
delito por el concepto de urgencia
VII. LA ENTRADA Y REGISTRO A
En el año 2005, se creó en el seno del Ministerio de Justicia una Sección especial
de la Comisión General de Codificación cuya misión era elaborar un borrador
de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Comisión no llegó a concluir sus trabajos
habida cuenta los cambios producidos en la titularidad del Ministerio, si bien
formuló una propuesta articulada que acogía los principales aspectos del procedimiento
penal.
Cinco años más tarde se desconoce el destino que se dio a aquellos trabajos,
si los mismos duermen en un cajón condenados al olvido o si se entregaron a
las diferentes comisiones creadas por los Ministros que sucesivamente han ocupado
aquel sillón o las constituidas en otras instituciones del Estado. Lo cierto es que
una parte de los miembros de aquella Comisión han considerado positivo dar a conocer
el contenido de algunas de aquellas propuestas con la finalidad de abrir un
debate público acerca de ellas, ya que, a día de hoy, lo único que se sabe con certeza
es que tampoco se promulgará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en
esta legislatura y que todo seguirá en esa suerte de indefinición legal que tanto favorece
a un determinado tipo de delincuencia.
Tal vez sea porque la ley procesal penal incide directamente en sujetos
cuya impunidad se garantiza en mejor medida con una situación compleja o por
simple irresponsabilidad, es lo cierto que nos seguimos, y parece que por mucho
tiempo, seguiremos rigiéndonos por una ley decimonónica, completada con una
jurisprudencia oscilante y excesivamente fragmentaria, como es propio de su naturaleza
y más o menos proclive en sus planteamientos a la garantía o la represión
según la clase de delitos y delincuentes imputados.
Es por ello por lo que el debate sobre un futuro proceso penal deviene imprescindible,
y de ahí esta obra, que se apoya en un borrador de anteproyecto, perdido
o ignorado, pero existente.
