La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, regula dos regímenes de contratación diferentes, el régimen aplicable a las administraciones públicas y el de los poderes adjudicadores que no tienen tal carácter, a los que hemos denominado genéricamente en el presente manual Entidades Instrumentales de la Administración. El primero es objeto de una regulación pormenorizada, el segundo se hace de una forma mucho más flexible y abierta, dejando numerosas lagunas y dudas que en los primeros momentos de la aplicación de la ley generaron grandes problemas de interpretación y aplicación.
En estos momentos que se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, que ya ha sido objeto de dos profundas reformas, la Ley 34/2010 y la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y de un limitado desarrollo reglamentario (Real Decreto 817/2009) estamos en disposición de plantear respuestas a la ingente cantidad de dudas inicialmente planteadas.
La jurisprudencia, las juntas consultivas de contratación administrativa, estatal y autonómicas, la doctrina, así como las soluciones que han ido adoptando los profesionales que prestan sus servicios en las entidades instrumentales de la Administración, que día a día tienen el cometido de aplicar la ley, y que han ido contando con el beneplácito de los órganos fiscalizadores, han ido consolidando las respuestas a algunas de esas lagunas y dudas inicialmente planteadas.
En el presente manual, he tratado de recopilar esas respuestas e interpretaciones, sistematizarlas, resumirlas y compartirlas con los interesados en el controvertido tema de la contratación pública.
