El ordenamiento jurídico de la Unión Europea carece a día de hoy de una norma general que regule de manera homogénea el procedimiento administrativo y que sea de aplicación uniforme a toda la actividad ejecutiva propia de la Administración europea. La constitucionalización del derecho a una buena administración (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) eleva al rango del Derecho primario una serie de derechos que adquieren su máxima expresión en el procedimiento administrativo y que deben ser respetados y garantizados en cada una de las políticas o ámbitos sectoriales en que la Unión tenga atribuidas competencias. El estudio y valoración, desde la óptica de esos derechos fundamentales, de los principales elementos y técnicas de procedimiento en diversos ámbitos sectoriales especialmente significativos, permite ofrecer una visión global y crítica del sistema procedimental europeo actual, y constituye el fundamento para afrontar el reto de una regulación general de procedimiento en la Unión Europea.
