.ctb0 {MARGIN: auto 0cm} .ctb1 {FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-TRAD} .ctb2 {FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial} La Ley 30/1992 recogió el testigo de la LPA de 1958 con muy altas aspiraciones de mejorar y adaptar la antigua Ley a los nuevos tiempos. Sin embargo, estas altas expectativas se quedaron sólo en eso, ya que no sólo no mejoró la Ley de 1958, sino que en algunos aspectos la empeoró, como se encargo de denunciar nuestra mejor doctrina. Esta realidad provocó la modificación de la Ley de 1992 por medio de la Ley 4/1999, que como es conocido afectó a materias tan importantes como la obligación de resolver y silencio administrativo, responsabilidad patrimonial y recursos administrativos, entre otras muchas cuestiones. La presente obra dio noticia de tales cambios y se hizo eco de la crítica doctrinal referida.
En el momento actual este trabajo requiere una nueva edición toda vez que aunque no ha sido objeto de una revisión del alcance de la llevada a cabo por la Ley 4/1999, lo cierto es que los contenidos de la obra han sido objeto de una reflexión doctrinal y jurisprudencial consecuencia del transcurrir de los años y de la experiencia acumulada derivada de la aplicación de la Ley. La labor de la doctrina y la jurisprudencia ha provocado que determinadas cuestiones hayan sido aclaradas y algunas dudas disipadas.
Entre las cuestiones indicadas merece ser destacado el esfuerzo llevado a cabo para dar al silencio administrativo su verdadero valor como acto finalizador del procedimiento administrativo, al que se le da un tratamiento especial en esta nueva edición.
Esta edición se hace eco de los cambios normativos (fundamental el relativo a la legalidad sancionadora), y recoge las sentencias del Tribunal Supremo en recursos de casación en interés de ley por la importancia que las mismas tienen. Son de destacar las que afectan a los arts. 12.2, 58.4, 59.2 y 71 de la Ley.
En materia de recursos administrativos se reseñan los ya previstos en la anterior edición y los nuevos contemplados en normas tales como la Ley de Contratos del Sector Público; con referencia a las impugnaciones sobre inactividad de la Administración, vías de hecho o impugnaciones entre Administraciones, al ser en realidad posible la impugnación administrativa previa a la vía judicial.
La obra se estructura como en las anteriores ediciones a través del articulado de la Ley 30/1992, si bien en la presente, dentro del artículo, determinadas materias se han desarrollado a través de epígrafes con el fin de facilitar una mejor localización de los contenidos.
