.ctb0 {MARGIN: auto 0cm} .ctb1 {FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial} .ctb2 {FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-TRAD} Las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad y salud laboral, así como la existencia en tiempos recientes de algunos pronunciamientos judiciales que han ocupado las portadas de los principales medios de comunicación de nuestro país, han redimensionado el debate con relación a la siniestralidad laboral en España ?especialmente, aunque no únicamente, en el sector de la construcción? y a la particular posición que como sujetos responsables mantienen los distintos actores que intervienen en los procesos productivos y de servicios.
Más concretamente, mientras que el ordenamiento jurídico español ha incorporado las medidas de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la normativa de la Unión Europea sobre la materia, lo cierto es que en las últimas décadas nuestro ordenamiento también se ha dotado de un sistema acumulativo y desordenado de responsabilidades por incumplimiento de dicha normativa que, no sólo no parece el más efectivo, sino que se caracteriza por una enorme complejidad y por padecer graves desajustes, tanto con relación a las dos funciones inmediatas que debe satisfacer, la punitiva y la resarcitoria, como a su función final, la preventiva.
De conformidad con la controversia expuesta, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) encargaron a CUATRECASAS la realización de un estudio jurídico sobre la actual situación de las responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral en nuestro país y a nivel comparado. Dicha investigación, dirigida por el Dr. Salvador del Rey y coordinada por el Dr. Manuel Luque, ha tenido su culminación con la edición de la presente obra, en un claro afán de ofrecer una serie de propuestas de reforma a la luz del análisis sobre las regulaciones de otros países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido o los Estados Unidos.
