LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
Exposición de Motivos.
Título preliminar: Del ámbito de aplicación y principios generales.
Título I: De las Administraciones Públicas y sus relaciones.
Título II: De los órganos de las Administraciones Públicas.
Capítulo I: Principios generales y competencia.
Capítulo II: Órganos colegiados.
Capítulo III: Abstención y recusación.
Título III: De los interesados.
Título IV: De la actividad de las Administraciones Públicas.
Capítulo I: Normas generales.
Capítulo II: Términos y plazos.
Título V: De las disposiciones y los actos administrativos.
Capítulo I: Disposiciones administrativas.
Capítulo II: Requisitos de los actos administrativos.
Capítulo III: Eficacia de los actos.
Capítulo IV: Nulidad y anulabilidad.
Título VI: De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Capítulo I: Iniciación del procedimiento.
Capítulo II: Ordenación del procedimiento Capítulo III: Instrucción del procedimiento.
Sección 1.ª: Disposiciones generales.
Sección 2.ª: Prueba.
Sección 3.ª: Informes.
Sección 4.ª: Participación de los interesados.
Capítulo IV: Finalización del procedimiento.
Sección 1.ª: Disposiciones generales.
Sección 2.ª: Resolución.
Sección 3.ª: Desistimiento y renuncia.
Sección 4.ª: Caducidad.
Capítulo V: Ejecución.
Título VII: De la revisión de los actos en vía administrativa.
Capítulo I: Revisión de oficio.
Capítulo II: Recursos administrativos.
Sección 1.ª: Principios generales.
Sección 2.ª: Recurso de alzada.
Sección 3.ª: Recurso potestativo de reposición.
Sección 4.ª: Recurso extraordinario de revisión.
Título VIII: De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.
Capítulo I: Disposiciones generales.
Capítulo II: Reclamación previa a la vía judicial civil.
Capítulo III: Reclamación previa a la vía judicial laboral.
Título IX: De la potestad sancionadora.
Capítulo I: Principios de la potestad sancionadora.
Capítulo II: Principios del procedimiento sancionador.
Título X: De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
Capítulo I: Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Capítulo II: Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria.
Disposición final.
APÉNDICE:
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
ÍNDICE ANALÍTICO.
Esta nueva edición recoge el texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debidamente anotada y concordada, con todas las modificaciones sufridas hasta el momento, incluidas las originadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, y por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio.
Se incluye, asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la finalidad de facilitar el estudio de la mayor reforma sufrida por aquella Ley.
Además, se incorporan referencias de las Sentencias del Tribunal Supremo que han venido a fijar la doctrina jurisprudencial de los preceptos de la Ley 30/1992.
Se añaden los textos del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, y del Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
La obra se cierra con un extenso índice analítico de materias que incrementa la utilidad del volumen.
